- Se confirma el señalamiento de expertos
- Difícil venta y alto costo por estar parado
Por Víctor Manuel Bermúdez
Desde que era candidato AMLO, siempre prometió entre otras cosas que cancelaría el aeropuerto de Texcoco y que vendería no solo el avión presidencial TP-01 un Boeing 787 -8 Dreamliner llamado José María Morelos y Pavón, sino las otras 71 aeronaves que pertenecían al Transporte Presidencial de la Fuerza Aérea Mexicana bajo el resguardo del Estado Mayor.
Cabe señalar que hasta ahora el tiempo ha dado la razón a los expertos que siempre señalaron e incluso recomendaron que no era una buena decisión la venta del avión presidencial porque se perderían unos 137 millones de dólares.
El avión TP-01 fue comprado por poco más de 218 millones de dólares, durante el sexenio calderonista pero fue entregado durante el gobierno de Peña Nieto quien lo utilizó en 131 vuelos de los cuales 98 fueron nacionales y 33 internacionales.
Según información de la Secretaría de la Defensa Nacional proporcionada al diario Reforma se desprende que cuesta casi lo mismo tener varado el avión presidencial, 16 millones de pesos al año, que utilizarlo en vuelos nacionales cuyo costo fue durante el sexenio pasado de 17 millones de pesos anuales incluyendo el mantenimiento y conservación.
Tan solo tener estacionado el avión presidencial en las instalaciones de Boeing en San Bernardino, California, cuesta 67 mil dólares, un promedio de un millón 328 mil pesos mensuales, cada lavada cuesta al gobierno de la 4T cinco mil dólares unos 100 mil pesos.
Al parecer en el gobierno donde se ha puesto a la cabeza la austeridad, no parece importarle las fuertes cantidades de dólares que tienen que erogar por mantener el TP-01 en los hangares estadounidenses sin que hasta la fecha se haya recibido una oferta superior a los 145 millones de dólares.
No obstante que el jefe del Ejecutivo ha prometido que el monto de la venta del lujoso avión presidencial sería empleado en ayuda para los migrantes que entran por la frontera sur del país; pero en otra ocasión dijo que el producto de la venta de la aeronave presidencial sería destinado en apoyo a los agricultores oaxaqueños. Y como a AMLO le gustan las frases populares diríamos que ¡…ya los están haciendo pandos!
Luego de que trascendiera que había la probabilidad de que el Boeing 787-8 regresara a nuestro país, la Presidencia de la República informó de manera categórica que esa aeronave no volvería.
Ahora el presidente parece justificarse en el sentido de que “Nos ha costado trabajo vender el avión porque el avión presidencial fue un fraude hasta en la compra, porque es un avión que solo puede volar en distancias largas, de cinco horas. No es para usarlo en México. ¿Qué hacían? Lo levantaban y lo bajaban en Toluca. No tanto así. Pero si en estados cercanos”.
En ese sentido cabe recordar que la línea aérea comercial Taesa tenías un Boeing 767 que cubría la ruta a Morelia, Michoacán con extensión a otros destinos. Es decir no hay una regla que diga que un avión con gran autonomía de vuelo no pueda ser utilizado en tramos cortos, lo que pasa es que resulta oneroso.
Por lo referente al resto de las 71 aeronaves varadas aún se encuentran sin comprador, cabe señalar que el único que se ha usado es el jet Gulfstream, que transportó a Evo Morales de Bolivia a la Ciudad de México cuyo costo fue de dos millones de pesos.
Ha trascendido que la flota del otrora transporte aéreo presidencial se encuentra en la Base Aérea de Santa Lucía en ella se incluyen helicópteros y los llamados TP-02 un 757-200 comprado por Miguel De La Madrid a finales de su sexenio y usado por Carlos Salinas y los tres mandatarios que le sucedieron y por Enrique Peña Nieto que lo utilizó por cuatro años, hasta que le entregaron el Dreamliner.
Por lo referente al TP-03 un Boeing 737 matrícula XC-LJG cuya adquisición se remonta a 1989, mismo que fue catalogado como obsoleto pero que puede seguir operando no obstante su alto costo de mantenimiento y consumo de combustible.
De no existir compradores para esa nutrida flota aérea y de no darles uso ya sea que se destine a dependencias oficiales, a gobiernos estatales o instituciones como la Cruz Roja, su destino será el deshuese o la chatarrerización.
